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La ley de atención a los discapacitados cumple su primer año de vigencia con un gran desbarajuste entre autonomías

24/04/2008

Los ciudadanos se han ido acercando a las oficinas regionales para que se les valore su grado de discapacidad y poder recibir las ayudas previstas por ley, pero la gestión autonómica del sistema de Dependencia marcha a 17 velocidades, tantas como autonomías.

Desde que arrancó la ley en abril del año pasado, se han recibido 338.000 solicitudes y los equipos de valoración -trabajadores sociales y sanitarios- han visitado como media al 67% de estas personas para determinar su grado de discapacidad y redactar un informe con la ayuda que le corresponde. Pero, mientras en Andalucía se registran 118.847 solicitudes, en Madrid, apenas 10.163. Si en el País Vasco han dado de alta en la Seguridad Social a 546 personas para atender en casa a los discapacitados, en Canarias a ninguna. En Cantabria han evaluado al 90% de los solicitantes, pero en Baleares no llegan al 6%. Sólo el 27% de las peticiones han recibido ya un dictamen con la ayuda que le corresponde en Galicia, mientras que en Cataluña alcanzan el 82%. De los frenos y las aceleraciones que experimenta el sistema de dependencia por comunidades, ha tenido en parte la culpa las elecciones. El propio Zapatero, cuando era candidato a presidente, acusó a la comunidad de Madrid de boicotear la ley, algo que los trabajadores sociales han dicho también en la Comunidad Valenciana o en Canarias.

Sin embargo, otras espolearon a los trabajadores antes de que se celebraran las elecciones. En febrero, el número de solicitudes experimentó un repunte. Todo depende de la voluntad política, de los trabajadores contratados, del dinero de que se disponga, de cómo se diseñen los trámites, de qué se priorice. Tantos flecos son imposibles de igualar en todas las comunidades. Y aún está por acordarse el copago, es decir, lo que aportará el usuario de su bolsillo, y los criterios de calidad de los centros que atenderán a los ancianos y discapacitados. En estos dos extremos cifran los sindicatos su última esperanza de que el Sistema de Atención a la Dependencia tengan unos mínimos comunes en toda España, algo que ya empieza mal, porque cada comunidad, acostumbradas desde siempre a gestionar los servicios sociales, está imponiendo su criterio. Con datos del día 4 de abril, 160.000 personas han sido declaradas grandes dependientes, que son aquellos que no pueden valerse por sí mismos y necesitan ayuda constante para atender las necesidades básicas de la vida. Una cifra similar a la que se preveía. Todos deben estar ya cobrando una ayuda económica o recibiendo una prestación, ya sea plaza en una residencia de ancianos, centro de día o la asistencia de un trabajador a domicilio.

Datos cruzados Otros 17.497 han sido evaluados como dependientes severos (grado II) y también deberían estar recibiendo prestación, prevista para ellos a lo largo de este año 2008. Pero hay más de 109.000 personas esperando a ser valoradas. Si fueran grandes dependientes o dependientes severos y su solicitud llegó hace más de tres meses ya deberían estar cobrando. Si se cruzan los datos entre el número de grandes dependientes (160.674) y las personas que se han dado de alta en la Seguridad Social para atenderlos en casa y recibir una ayuda (6.075), la diferencia es tan grande que se podría pensar que la mayoría aún no está atendida. No es exactamente así. Hay que pensar que los que no estén atendidos en casa lo están en geriátricos y otros centros especializados. Los 6.075 serían los nuevos usuarios, esos ancianos a los que se cuidaba en casa y que ahora perciben para ello un pequeño subsidio.

Los demás -así lo atestiguan los trabajadores sociales que están al frente del sistema de Dependencia por toda España- son, en su mayoría, personas que ya estaban en geriátricos. Porque, con las listas de espera que hay para estas residencias, es imposible que en unos meses se haya conseguido más d e 150.000 plazas. Además, los responsables políticos de la Dependencia en las comunidades reconocen que la ayuda económica -la que se da al usuario atendido en casa- es la que se concede mayoritariamente en los primeros meses, ante la escasez de infraestructuras. Cerca del 80% de las prestaciones son económicas, confesaba uno de los responsables en Cataluña, Jordi Tudela, a lo largo de un debate público.

También es de las más solicitadas. ¿Es una trampa contar a todos esos ancianos como usuarios del sistema de dependencia cuando ya estaban siendo atendidos? No, porque todos han de quedar registrados cuando el sistema se complete, como si se tratara de la Seguridad Social. Pero sí es una estrategia de las comunidades, que han ido engordando sus cifras de usuarios atendidos incorporando a estos. Por cada uno que registran oficialmente, el Gobierno libra un dinero estipulado y de esa forma pueden ir atendiendo a otros nuevos usuarios. Aunque al final cada comunidad debe aportar el mismo dinero que haya recibido del Gobierno. Estrategias aparte, las cosas hay que hacerlas ajustadas a la legalidad. En algunas regiones, como en Madrid, los trabajadores sociales han criticado que se estaban registrando en el sistema de dependencia a ancianos ingresados en geriátricos, sin contar con su opinión (o la de sus hijos), algo que es preceptivo por ley. De hecho, algunas regiones han habilitado al personal de las residencias para que se encargaran de cumplimentar ese papeleo.

 Las administraciones regionales no han ido muy sobradas de tiempo. Y sobrepasar los plazos les podía causar problemas en tribunales, como ha ocurrido en alguna de ellas. Miles de usuarios han muerto esperando la ayuda solicitada, que en muchos casos tendrá que ser abonada de forma póstuma.